viernes, 16 de noviembre de 2012

España no es una democracia

Hasta hace bien poco, era difícil explicar a la mayoría de las personas por qué uno cree que no estábamos viviendo en una democracia verdadera sino en una dictadura encubierta. Una dictadura cómoda, lo que aquél escritor llamó "jaulas más grandes y cadenas más largas". Perdiendo miles de personas el trabajo, la masa social se empieza a dar cuenta de que algo iba mal. El movimiento antiglobalización y los movimientos punk políticos ya decíamos a principios de los 90 que este sistema era una estafa, y lo que ahora aquí llamamos crisis -como si se trata de una disfunción puntual- era la política económica impuesta por el FMI y las troikas a los países del hemisferio sur en los últimos 20 años. Todo el mundo creía que aquello era aislado de lo que ocurría en el hemisferio norte, y que aquí nos iba bien por nuestras conquistas sociales y la razonabilidad de nuestros ricos y nuestros gobernantes. Lo que nos está ocurriendo, esta crisis que no es crisis sino estafa, es lo mismo que ocurrió antes en el medio mundo que las noticias nos presentaban como caótico y subdesarrollado. Podría ser cierto que muchos de esos países hayan sido fácilmente corruptibles, tal como lo han sido Grecia y España, y por eso la troika encuentra el mejor caldo de cultivo para sus reformas en nuestros países. En un par de años hemos pasado de ser un país de consumidores complacientes a trabajadores asustados. El cuento de hadas del progreso que nos contaron no era tan guay como llegamos a creer. Vivíamos en una dictadura encubierta: se nos permitía creer que teníamos poder, cuando en realidad existían toda una serie de barreras para que no pudiéramos ejercerlo, ni siquiera conocerlo.

Lo peor de todo es que apenas hayamos rayado la superficie en la protesta por lo que nos oprime. Mucha gente está preocupada por la falta de empleo, pero no sé si la mayoría de los manifestantes están dispuestos a cuestionar las estructuras de poder bajo las que estábamos trabajando. Esta semana, coincidiendo con la huelga general, se ha aprobado la ley de tasas judiciales y apenas nos hemos hecho eco. Significa que para cada cosa por la que requiramos los servicios públicos de justicia, debemos pagar una tasa. Se dice que por recurrir una multa de tráfico de 100€, pagar 150€. Para reclamar una indemnización por un accidente de tráfico, entre 6000 y 20.000. Por divorciarse, en torno a 1200€. Y por reclamar una causa por despido improcedente (que ahora debe pasar por el juzgado como una demanda judicial), 600€ o más.

Creo que no nos hemos dado cuenta del agujero en que esto nos ha metido. En estos momentos, no hay derechos laborales en España, porque la última reforma laboral ha inhabilitado la validez efectiva y obligatoria de los convenios. Pero para rizar el rizo, ya no tenemos justicia universal. Esto es muy grave. A partir de ahora, con esta ley de tasas, sólo quienes tengan dinero de sobra para costearse la justicia podrán decidirse a reclamar sus derechos ante un tribunal. Se ha acabado la democracia garantizada por el estado. Ya estamos en un régimen no democrático. Ya no necesitamos complejas explicaciones sobre el poder de los lobbys económicos y las restricciones legales: la democracia que protege al trabajador y da cobertura legal pagada con los impuestos no existe en España en este momento. Aunque muchos jueces han criticado y tachado esta nueva ley de anticonstitucional y antidemocrática.

Y eso sin contar que, cada vez para más gente, es obvia la imagen y experiencia que tenemos de la policía, especialmente de los antidisturbios, por su brutalidad, abritrariedad e impunidad. Y sin contar que en España no existe de forma efectiva en la ley la separación de poderes como en el resto de democracias europeas: los jueces puede escogerlos el partido en el poder temporal. Sin contar los rescates bancarios con los que las entidades rescatadas han hecho lo que han querido y no han solucionado la crisis como pedían las condiciones del rescate. Sin contar políticos que faltan a su programa electoral, se suben el sueldo o legislan para las empresas con las que están relacionadas. Y así tantas y tantas cosas. Señoras y señores: España no es una democracia.

No estamos en una democracia, y no estamos aún lo suficientemente indignados.


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